El oficialismo porteño aprobó el proyecto que habilita a empresas privadas a financiar actividades y
obras públicas a cambio de publicidad. El arco opositor lo rechazó: los legisladores de diferentes
espacios argumentaron su postura.
Por Mariana Mei
Tanto el GEN como Unidad Ciudadana, la izquierda, Mejor Ciudad y el Bloque Peronista se opusieron
a la medida, que hasta fue rechazada por Evolución.
Desde la bancada oficialista argumentaron:“Los sectores privados se tienen que transformar en
aliados estratégicos”, planteó el vicepresidente primero del bloque Vamos Juntos, Maximiliano
Ferraro, en defensa de la iniciativa.
En su discurso, el legislador de Unidad Ciudadana Javier Andrade sostuvo que “esta ley posibilita
que un privado se vea involucrado en responsabilidades inherentes al Estado”, como las escuelas y
hospitales públicos.
En ese sentido, el diputado se refirió al contexto en el que surgen estas iniciativas a nivel mundial:
“Primero se lleva adelante un modelo de ajuste donde se desfinancian la salud y la educación. La
Ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo: desde que asumió Macri hasta la fecha, el presupuesto
en educación se redujo del 24 a 17% y el de la salud del 23 a 15 %”.
Asimismo enfatizó:“el dinero que se recauda no va a la escuela o al hospital, va a las arcas del Estado
de la Ciudad, manejado por el Gobierno de Larreta. El sponsoreo no se traduce en un beneficio para
la salud o la educación”, sostuvo.
“No queremos que los chicos vayan a escuelas Coca-Cola o la gente se atienda en hospitales
McDonalds. La verdad no entendemos en qué se beneficia la Ciudad con este proyecto”, concluyó.
Por parte de Evolución, el espacio que responde a Martín Lousteau también rechazó la propuesta del
Poder Ejecutivo , el radical Marcelo Guouman consideró que “es una buena idea mal implementada”
y que “así como está redactada, la ley le otorga poder de discreción al funcionario y al empresario
disminuyendo la capacidad de control y planificación del Estado porteño”.
Asimismo la diputada Laura Marrone del FIT declaró:“No queremos que Monsanto patrocine
nuestra carrera de Biología ni que Calcaterra ponga su publicidad en las obras de la Ciudad”.Por su
parte Gabriel Solano, del Partido Obrero, alertó que “están planteando que los fondos que el Estado
no va a poner para mantener las escuelas, la ciencia, la salud, los monumentos históricos, entre
otros, lo va a tener que poner una empresa”.
Desde el GEN , Sergio Abrevaya dijo que “el que hace publicidad con el Estado es porque le
conviene” y Roy Cortina (Partido Socialista)definió la aprobación como “un retroceso importante en
el manejo público de la Ciudad”.
La iniciativa -que fue sancionada por 31 votos positivos y 24 negativos- fue impulsada por los
diputados Diego Mariano García de García Vilas, Maximiliano Ferraro y Agustín Forchieri deVamos
Juntos.
