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5 de noviembre de 2015
Diputados designó dos directores de la AGN
En una sesión caliente, que terminó con la oposición abandonando el recinto, el FPV logró que el ex secretario de Justicia, Julián Álvarez, y el ex titular del Banco Nación, Juan Forlón, cubran vacantes en la Auditoría. Sanción para varias leyes.

La disputa de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 22 de octubre ganó el centro de la escena en el recinto de la Cámara de Diputados. Fue en el marco del debate por la designación del secretario de Justicia y ex candidato a intendente de Lanús, Julián Álvarez, y del titular del Banco Nación, Juan Carlos Forlón, como miembros de la Auditoria General de la Nación por la Cámara de Diputados, en remplazo de los peronistas Oscar Lamberto y Vicente Brusca  cuyos mandatos vencieron en septiembre.
La temperatura fue subiendo en el recinto a medida que avanzaba el debate con una oposición dispuesta a hacer fracasar la sesión desde su comienzo y un oficialismo dispuesto a hacer valer su número. La oposición reclamó en primer término que el oficialismo hubiera conseguido quórum luego de la media hora de espera reglamentaria. El Frente para la Victoria señaló que la demora se debió a la Asamblea Legislativa que se había realizado más temprano y al homenaje a Néstor Kirchner. A esa altura, la camaradería de las actividades matinales ya había quedado atrás.
El debate sobre la designación de los auditores generales  terminó a los gritos y la jura de los nuevos funcionarios se dio entre los insultos de la bancada radical, que se aprestaba a dejar el recinto con la intención de hacer caer la sesión. Luego se sucedió la votación de varias leyes que el FPV aprobó en soledad, y sin presencia opositora.
Si bien al oficialismo como primera minoría parlamentaria le asiste el derecho de designar dos miembros para la AGN, la oposición señaló que a su criterio los mandatos no estaban vencidos y que la elección de los auditores debía darse una vez que haya asumido el nuevo presidente de la Argentina.
En ese marco, la UCR renunció a designar a su representante en lugar de Horacio Pernasetti, cuyo mandato también se encuentra vencido.  No obstante, se encargó de dejar en claro que ese lugar en la AGN le continuará perteneciendo con la nueva composición de la Cámara. El mensaje, que fue dirigido a la bancada del PRO, socio electoral de la UCR en la Alianza Cambiemos, fue recogido por el titular del bloque macrista, Federico Pinedo, quien advirtió que ellos también postularán un auditor, dejando en claro la disputa por la futura segunda minoría de Diputados. Así lo entendió el presidente del cuerpo, Julián Domínguez, al afirmar: “No quieren proponer un candidato porque no se ponen de acuerdo. Es lo mismo que pasó con el Grupo A”.
A lo largo del debate, que duró más de una hora, nada se dijo de los candidatos. Oficialistas y opositores se sumergieron en una discusión meramente reglamentaria que culminó con una confusa votación que dio como resultado 128 votos a favor, 53 en contra y 25 abstenciones.  En ese marco, el renovador Adrián Pérez cuestionó el tratamiento del tema, ya que no había sido incluido en el temario en la sesión especial. Los radicales se negaron al tratamiento por considerar que los mandatos no estaban vencidos. A ese criterio se sumó el PRO a través de Federico Pinedo,  quien aclaró que su expresión tenía un carácter deportivo, ya que también coincidió con la nulidad de lo que fuera a resolver el cuerpo.
Mario Nergi, titular del bloque radical, anunció que las designaciones serán recurridas ante el Poder Judicial por entender que se violentó el reglamento, que no se puso a consideración de la Cámara Baja el ingreso del tema ni el tipo de mayoría necesaria para aprobarla.
El FPV hizo caso omiso de las amenazas opositoras. Enfatizó que había un acuerdo de labor parlamentaria que habilitaba el tratamiento del tema. Que no se trataba de un proyecto, sino de una moción y que  por eso se debía votar sin más trámite. La imposición del criterio oficialista desató la ira opositora.
Luego de la jura de los nuevos auditores el oficialismo tuvo que sostener el quórum en soledad. La ley de juventudes, la ley de protección de desarrollo satelital, el respaldo a la resolución de Naciones Unidas para la reestructuración soberana de deuda, la norma que promueve la regularización dominial de la vivienda familiar, la baja del combustible para la Patagonia y los proyectos para asistir a las víctimas de violencia de género fueron aprobados sin debate y sólo con los votos del oficialismo. «

Deuda: aprueban principios de la ONU

Los diputados dieron sanción definitiva a la ley que declara de “orden público” los nueve principios básicos para los procesos de reestructuración de deuda soberna aprobados, por iniciativa de la Argentina, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fueron 128 votos a favor y una abstención.
La aprobación sobrevino luego del escándalo que provocó la oposición al retirarse del recinto (ver aparte). En tal sentido, el Frente para la Victoria con sus aliados y la presencia de un solo diputado de la oposición, aprobó el proyecto sin debate. El único opositor que se quedó en el recinto fue Antonio Riestra del bloque Unidad Popular pero se abstuvo al momento de la votación.
Para justificar la iniciativa habló el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona (FPV-Mendoza), quien dijo que el texto normativo llegó para “ratificar la visión de la política internacional” del gobierno. De hecho, esta iniciativa, que nació hace un año por mandato de CFK, fue acompañada por 136 países en la Asamblea de la ONU el pasado 10 de septiembre y se enmarca en la disputa que mantiene el país con los fondos buitre que no accedieron a las reestructuraciones de la deuda soberana de 2005 y 2010.

Garantías para la juventud

Los diputados aprobaron la ley de “Régimen de Promoción de las Juventudes” y por lo tanto fue girada a la Cámara de Senadores. La norma contempla la actualización automática del plan Progresar y la creación de una serie de nuevos organismos destinados a promover los derechos de los jóvenes.
El proyecto, como el que promueve el desarrollo de la industria satelital, fue aprobado a mano alzada y dentro de un conjunto de otras normas que incluyeron algunas iniciativas propuestas por la oposición. El texto establece “un marco jurídico e institucional” para orientar las acciones del Estado en el “reconocimiento de los derechos, deberes y garantías” así como en la elaboración de políticas públicas para el “desarrollo integral” de la población de entre 15 y 29 años.
La norma ratifica que los jóvenes tienen derecho a la educación, a la formación y capacitación laboral, a la salud “integral y de calidad”, a la educación “sexual y reproductiva”, al “tratamiento y prevención ante el uso problemático de sustancias legales e ilegales”, al empleo, a la seguridad sociales y a los derechos laborales, a la “participación política”, al deporte, a la cultura, a la vivienda y a “disfrutar de un ambiente saludable”.

OFICIALISMO
«No estamos inventando nada, sino cumpliendo con lo que dicen las instituciones de la República»

Julián Domínguez
Diputado (FPV)

OPOSICIÓN
«Podrían haber hecho las cosas como corresponden. Los han hecho jurar como ladrones»

Graciela Camaño
Diputada (FR)

Historia conocida

No es la primera vez que en la Cámara de Diputados la designación de los representantes de la primera y segunda minoría son elegidos en medio de advertencias opositoras y amenazas de judicialización. En 2007, Vicente Brusca, Oscar Lamberto (por el FPV) y Oscar Pernasetti (UCR) fueron resistidos por el entonces ARI que lideraba Elisa Carrió. Los diarios de la época lo reflejaron: “Inesperadamente, el kirchnerismo y la UCR adelantaron los tiempos y llevaron al recinto de la Cámara de Diputados un acuerdo tácito para nombrar a los tres integrantes de la Cámara baja en la Auditoría General de la Nación. La única resistencia llegó desde el ARI, que calificó los nombramientos como irregulares, porque los mandatos aún no están vencidos y propuso postergar la elección, para que las designaciones se realicen con la nueva composición parlamentaria surgida de las elecciones de octubre”, informaba el diario Página 12 . Los diputados Fernando Sánchez (sigue en ARI Coalición Cívica) y Adrián Pérez (ahora en el Frente Renovador) judicializaron el caso, pero la justicia en lo contencioso administrativo federal rechazó el amparo en una semana.

Fuente: Tiempo Argentino.



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