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23 de agosto de 2012
UCR dispuesta a rever artículo que declara servicio esencial al transporte
Tras las advertencias de inconstitucionalidad de ese punto, habría un cambio de rumbo en el articulado. El oficialismo busca una alternativa que garantice el servicio en beneficio de los usuarios.

 

El debate sobre el proyecto del marco regulatorio para el sistema de transporte está llegando a su fin en el Concejo Deliberante. Es que en los planes del oficialismo está sacar un despacho la semana próxima para llevarlo al recinto, posiblemente, el jueves 6 de septiembre (se descuenta su aprobación). Desde entonces, el Ejecutivo Municipal tendrá 90 días para presentar los pliegos de licitación de todo el servicio; será allí cuando se conozca el verdadero proyecto que el intendente Ramón Mestre tiene pensado para la ciudad de Córdoba en materia de transporte y movilidad.

Si bien el marco regulatorio establece condiciones muy generales, introdujo un artículo que despertó la polémica: el que fija al transporte como servicio esencial y obliga a las empresas a diagramar un esquema de servicios mínimos.

Pese a las advertencias de inconstitucionalidad que hicieron desde el gremio de la UTA por entender que esa declaración avanza sobre el derecho a huelga de los trabajadores, el propio intendente defendió ese punto en pos de garantizarle un servicio mínimo a los usuarios ante cualquier conflicto.

Sin embargo, la poca factibilidad de aplicación que tiene ese artículo, tal cual lo advirtieron desde la oposición y hasta los mismos empresarios de la FETAP, abrieron la puerta a posibles cambios en el articulado. Desde el bloque de la UCR no descartaron morigerar ese punto y buscar una alternativa intermedia sin descuidar que el objetivo final es el beneficio para el usuario. Es que puertas adentro del bloque reconocen que alguna medida se debe tomar para evitar situaciones como las que se vivieron días atrás cuando, por tres empleados cesanteados, una de las empresas dejó sin servicio a 100 mil cordobeses durante casi dos días.

Ayer el radicalismo mantuvo una reunión con representantes de UTA donde se evaluaron alternativas a la declaración del transporte como servicio esencial y, además, se abordaron otros puntos que preocupan a los choferes.

El titular de la comisión de Servicios Públicos, Adrián Casati, dijo que “el encuentro fue muy bueno” y recordó que la intención de la UCR “es lograr consensos a partir del diálogo con los distintos sectores”. Por otro lado, aclaró que la posibilidad de introducir cambios en el proyecto “no tienen que ver con quien cede más o menos, sino en pensar un marco regulatorio apuntado siempre al normal desenvolvimiento de un servicio que resulta esencial para los cordobeses garantizando la paz social”.

Por su parte, desde la UTA, Adrián Lentini insistió con que el punto que declara servicio esencial al transporte “no es lo que más nos preocupa, se cae de por sí solo porque no tiene asidero legal” e indicó que la principal inquietud como gremio pasa por el artículo 52. Allí se refiere a la absorción del personal que presta el servicio al momento de licitarse, por parte de los nuevos concesionarios. “Nosotros les queremos agregar que sea con todos los derechos y garantías ya adquiridas por los trabajadores”, explicó el secretario de prensa del gremio de los choferes.

 

Qué dice el marco

Hasta ahora el artículo 44 del proyecto de marco regulatorio dice textualmente: “Los Servicios de Transporte Urbano Masivo de Pasajeros  que se prestan en la ciudad de Córdoba son definidos como esenciales y su prestación debe ser continua y obligatoria bajo responsabilidad conjunta o individual de concesionarios y empleados del sistema”. Para eso, se dispone que los servicios troncales no podrán ser alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por  debajo del 30 por ciento. El Ejecutivo dispuso que las concesionarias deberán presentar anualmente los diagramas de servicios esenciales para su aprobación “la que establece los parámetros de prestación mínimos y los comunica a los prestadores. El municipio, con los concesionarios y los trabajadores del sistema, acuerda el  alcance y cumplimiento de las guardias mínimas”.



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