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11 de septiembre de 2012
Impulsan la demolición de las edificaciones que son antirreglamentarias
El gobierno municipal planea aplicar sanciones más duras para las edificaciones ilegales y clandestinas. Ayer se presentó un proyecto de ordenanza que como última instancia obligará a demoler este tipo de construcciones. Previamente se intimará u ordenará la remoción o adecuación de lo que corresponda.
(Gentileza de LaCapitalMDP.com.ar)

El Departamento Ejecutivo presentó ayer un proyecto de ordenanza proponiendo endurecer el régimen de sanciones para las construcciones antirreglamentarias. La principal novedad que contiene la iniciativa es establecer penas mucho más severas que las vigentes, que consistirán en ordenar la remoción, la adecuación o la demolición de las edificaciones ilegales, a lo que se le sumará la aplicación de multas permanentes que sólo serán interrumpidas una vez que se cumpla con la regularización de las faltas.

Así, quedaría clausurada de manera definitiva la posibilidad de que tal como sucede hasta ahora, la existencia de este tipo de obras -en especial las ejecutadas por desarrolladores inmobiliarios- sea convalidada mediante el pago de "leves" multas económicas.

La iniciativa fue presentada ayer por el intendente Gustavo Pulti y el secretario de Planeamiento Urbano, José Luis Castorina, junto a otro proyecto de ordenanza por el cual se propuso, como paso previo al endurecimiento de las sanciones, poner en práctica un Plan de Regularización Catastral (ver aparte). A través de él, el municipio concederá un plazo de 30 días para permitir que las construcciones que no cumplen con las normas vigentes sean regularizadas. Mediante este plan -de carácter excepcional y transitorio- se admitirá la legalización de edificaciones antirreglamentarias mediante diversos trámites de acuerdo a la gravedad de las faltas. No obstante se impedirá que accedan a él las obras clandestinas emplazadas en zonas de riesgo, en parcelas de utilidad pública, las que atenten contra la seguridad o las que violen las normas de preservación patrimonial.

El nuevo régimen de sanciones propuesto sería instrumentado mediante una reforma del Reglamento General de Construcciones, la cual deberá ser considerada por el Concejo Deliberante.

La iniciativa determina que las edificaciones que violen las normas más esenciales del Reglamento deberán ser removidas, adecuadas o demolidas.

Entre las faltas para las cuales está prevista la aplicación de estas sanciones figuran las violaciones al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Total (FOT), y los excesos en el Plano Límite o de Cono de Sombra. Es decir, todas las construcciones que se realicen por fuera del Reglamento ocupando más superficie o altura que la permitida.

 

Multas más severas

Además de prever la erradicación de estas edificaciones, la propuesta impulsada por el Ejecutivo establece como pena adicional la aplicación de multas de manera bimestral, hasta tanto "se haya dado cumplimiento a la orden de remoción, adecuación o demolición", se indica en el proyecto.

En el mensaje de elevación al Concejo, el Ejecutivo argumentó que mediante esta propuesta se pretende "interrumpir un proceso sostenido desde hace varias décadas por el cual, y al amparo de un marco normativo de sanciones leves (...), se posibilitó sanear ante el municipio construcciones ejecutadas en forma clandestina, reglamentarias o no".

En este sentido, se hizo foco en que muchas construcciones fueron realizadas incumpliendo de manera deliberada con las normas, aprovechando la existencia de sanciones que "carecen de significación económica" para quienes ejecutan grandes proyectos de inversión inmobiliaria.

Un ejemplo con el que funcionarios del Ejecutivo acompañaron la presentación de este proyecto fue el que involucra a un edificio ubicado en avenida Colón al 3000, cuyos planos fueron aprobados en 2008 ya que cumplían correctamente con cada una de las normas vigentes para esa zona.

En aquel momento el proyecto planteaba la construcción de 9 pisos y de una planta baja libre, pero lo cierto fue que al iniciarse la obra, poco a poco fueron introduciéndose cambios de manera ilegal.

Así, lo que inicialmente fue presentado como una planta baja libre se transformó en un espacio destinado a locales de oficina y la edificación pasó a contar con un décimo piso. Ni bien estas transgresiones fueron detectadas fue iniciado un expediente en el que intervinieron inspectores municipales y la justicia de faltas y que concluyó con la aplicación de una sanción económica de 80.992 pesos.

Así, la obra ilegal quedó regularizada, permitiendo que el inversor incorporara nuevas unidades funcionales con un valor inmobiliario de, aproximadamente, 200 mil dólares cada una.

 

Proponen que por 30 días haya un Plan de Regularización Catastral

Como paso previo a la implementación de las nuevas sanciones para las construcciones antirreglamentarias, el Ejecutivo propuso poner en práctica un Plan de Regularización Catastral para facilitar la legalización de cierto tipo de edificaciones que actualmente incumplen con las disposiciones municipales. La implementación del plan fue promovida mediante un proyecto de ordenanza que también fue elevado ayer al Concejo Deliberante. Según se informó, el régimen "alcanzará a las construcciones existentes ejecutadas parcial o totalmente". No obstante quedarán excluidas de esta posibilidad las obras ilegales emplazadas en zonas de riesgo, en parcelas de utilidad pública, las que atenten contra la seguridad o las que violen las normas de preservación patrimonial, entre otras. De acuerdo al proyecto de ordenanza, el plan será "excepcional y transitorio" y tendrá una vigencia de 30 días corridos una vez que la norma sea promulgada. En el régimen está previsto el mecanismo a través del cual se podrá acceder a la regularización de las edificaciones, determinando en cada caso distintas sanciones económicas y el otorgamiento de eventuales bonificaciones. Por ejemplo, en uno de los artículos se establece que quienes declaren construcciones existentes fuera del perfil reglamentario podrán obtener su regularización abonando la Tasa Diferenciada por Servicios Técnicos de la Construcción, con un adicional del 25% del valor mínimo de la multa que hubiese correspondido aplicar. La iniciativa establece montos más elevados en función de la gravedad de la falta que se declare, a la vez que otorga rebajas según se trate de viviendas unifamiliares que cumplan con ciertos requisitos, sociedades de fomento, entidades de bien público o establecimientos educativos, de salud o clubes deportivos. El trámite podrá ser iniciado a través de internet con la firma de alguno de los profesionales empadronados en el municipio.



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