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8 de septiembre de 2015
Soldati: aportan una decena de pruebas que complican a la Ciudad
El asesor tutelar Gustavo Moreno presentó un oficio ante la Fiscalía Criminal de Instrucción 1. Contiene las alertas y los fallos judiciales que el gobierno de Macri desoyó. También solicita que la justicia evalúe la acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público, desobediencia y homicidio culposo.

En el barrio porteño de Villa Soldati la conmoción que estalló el viernes pasado todavía no afloja. La baranda desvencijada desde donde se cayeron tres adolescentes al vacío sigue igual. Las víctimas no: Cristián Crespo, de 17, el primero en caer, murió poco después y su familia no logra salir del dolor. Gastón Salinas y Nihuel Ávalos, los dos sobrevivientes de menor edad, siguen internados, pero bajo un estricto silencio del gobierno macrista. El primero está en el Hospital Gutiérrez, aguarda la orden de intervención de su fémur fracturado, pero sigue en peligro por los golpes que recibió cuando impactó en el suelo. El otro habría caído de cabeza, y los traumatismos que tiene en el cráneo son materia de secretismo en la clínica que la obra social de Camioneros (OSCHOCA) tiene en San Justo. Las autoridades se amparan en el secreto profesional, pero fuentes de la institución confiaron que sigue en terapia intensiva y su pronóstico es reservado.

En el lugar de la caída sólo se ve una faja judicial y nadie inició arreglo alguno. Sin embargo, este lunes,  posterior a tragedia, las señales de alerta del gobierno porteño no abandonaron su atención sobre los pibes heridos, aunque el tablero de control de la comuna sumó una nueva luz roja, tal como anticipó este diario en su edición del domingo: el asesor tutelar de segunda instancia del Poder Judicial porteño Gustavo Moreno le envió a su colega, Estela Andrades, subrogante de la Fiscalía Criminal de Instrucción 1, un extenso oficio donde detalla la serie de alertas y fallos judiciales que el gobierno porteño ignoró.

El oficio, al que accedió Tiempo, aporta una decena de pruebas judiciales para que la fiscal valore la posibilidad de analizar el "concurso legal de incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia y homicidio culposo contra los funcionarios del poder ejecutivo", explicó Moreno en referencia al jefe de Gobierno porteño saliente Mauricio Macri y a su sucesor, el alcalde electo Horacio Rodríguez Larreta.

"Hay una relación comprobable con una decena de pruebas entre la omisión deliberada de las pruebas que presenté  y los daños causados que derivaron en la muerte de uno de los tres pibes y en el pronóstico reservado de los otros dos", explicó el magistrado en referencia a los alcances penales del oficio ACCAyTN Nº 1096/15.

En el escrito, el funcionario abre la puerta para que sean investigados Macri y Larreta, y también le pide expresamente a la fiscal que indague a siete directivos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), copropietario del complejo de Soldati. Moreno pidió que sean investigados su titular, Emilio Basavilbaso; los miembros del directorio Ivan Kerr, Roberto Fernández y Martín Garcilazo; además del gerente general, Gonzalo Estivariz Barilati; la coordinadora general de Obras, Claudia Penna; y el gerente técnico, Oscar Castro.

Pruebas judiciales

El pedido que Moreno le mandó a Andrades mediante oficio fue anticipado por el funcionario ayer en la Legislatura, ante una reunión ordinaria de la Comisión de Vivienda, controlada por el PRO. Para ese órgano las advertencias no son desconocidas. El 17 de junio de 2014 fue notificada de una de las pruebas que ayer recibió la Fiscalía: se trata del fallo que firmó la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso porteño, donde le vuelve a ordenar al gobierno porteño que realice las "obras comprometidas hace más de una década" y le advierte a sus autoridades que "los argumentos de la demandada no permiten advertir cuáles serían las razones que le impiden cumplir las obligaciones legalmente impuestas".

La medida judicial de 2014, de la que supo la misma comisión que ayer no quiso tratar ningún pedido de interpelación contra los funcionarios involucrados, confirmó un fallo de primera instancia. Data del 27 de diciembre de 2011 y lleva la firma del juez subrogante Hugo Ricardo Zuleta.

En esa fecha el magistrado le dio la razón a María Eugenia Andicoechea y Mirtha Susana Corpache, dos vecinas del nudo 10: el mismo desde donde caerían los tres jóvenes el viernes. El amparo fue radicado el 23 de septiembre de 2009 por las dos mujeres que recurrieron a la justicia para proteger a sus hijos menores. Reclamaron mejoras urgentes amparadas en la Ley 623, que había declarado entre 2001 y 2003 la emergencia habitacional y edilicia de ese nudo.

Ante el detalle de peligros de los edificios 14 y 18, nudo 10, Zuleta consideró que la comuna "no puede desligarse fácilmente de sus obligaciones, máxime teniendo en cuenta que la salud integral de las personas que habitan en el complejo y-en especial los niños- corren peligro. Téngase presente que las escaleras se encuentran rotas, las barandas caídas, existen rajaduras en los edificios, filtraciones de agua, humedad en las paredes de los edificios y gran cantidad de basura desparramada por el predio entre otras cosas".

Aunque el juez consideró probado que las obras llevaban años sin realización, los abogados del Estado porteño argumentaron que "habían cumplido las medidas urgentes".

Entre la apelación y el fallo de segunda instancia, el expediente 34.250/0 ofrece más pruebas que preocupan a los funcionarios del PRO. En sus páginas se pueden apreciar dos audiencias, del 24 de abril y del 13 de junio de 2012, en las que  los funcionarios porteños detallan "que había obras a licitar y en ejecución", pero casi un año después, el 21 de marzo de 2013, hubo "una constatación judicial" en el mismo nudo, en donde el gerente técnico del IVC, Oscar Castro, firma una constatación incomoda a la luz de la tragedia del viernes pasado: "Los pasillos del sexto piso no tenían luz, la parte estructural de la escalera del nudo 10 tenía su armadura a la vista en muchos sectores, con pérdida de su capacidad de resistencia. El conjunto del nudo 10 se veía en estado defectuoso con riesgo manifiesto a la salud de los habitantes. No había indicios de que se hubieran iniciado obras estructurales", remarcó Moreno en el detalle de pruebas.

Entre la documentación aportada, que la fiscal criminal deberá evaluar, también aparece un detallado informe de la Superintendencia Federal de Bomberos, que especifica una treintena de fallas graves, que luego son ratificadas en una inspección ocular ratificada por los peritos de la División Registro de Peritos del Ministerio Público de la Defensa.

Una semana después, Moreno sumó otro dictamen, donde le informa al tribunal "la preocupación del ministerio tutelar a la existencia de riesgo a la vida y a la integridad física de las personas. Hasta aquí la situación de mis representados alojados en los edificios 14 y 18 del nudo 10 es de sumo peligro, debido a los defectos estructurales del edificio que nunca fueron paliados, respecto de los cuales no se han podido acreditar comienzo de obra alguna". Hasta ahora, nada ha cambiado, salvo el caso judicial, que podría tener un giro imprevisto en materia penal. La pelota está en la cancha de la fiscal criminal que indaga las causas de la tragedia y las pruebas, para su colega porteño Moreno, están a la vista.

Fuente: Tiempo Argentino.



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