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8 de septiembre de 2015
Allanan oficinas del gobierno de la Ciudad e investigan a Niembro por lavado de dinero
La justicia ordenó procedimientos en Compras y Contrataciones de la gestión PRO y en la productora vinculada al ex periodista. La Procelac inició una instrucción preliminar para determinar si el candidato del PRO en la provincia utilizó su empresa para blanquear fondos públicos.

La justicia ordenó una serie de allanamientos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz del escándalo sobre contrataciones directas por más de $23 millones con la empresa propiedad del primer candidato a diputado de la lista Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el periodista Fernando Niembro. Luego de la denuncia radicada en la justicia en lo criminal y correccional porteña, el fiscal Carlos Velarde instruyó una orden de presentación al área de Compras y Contrataciones de la administración PRO con el objetivo de recabar documentación de la modalidad de adjudicación de los 192 contratos con distintas dependencias que fueron ocultados del Boletín Oficial. En paralelo, la Procuraduría Antilavado inició una investigación preliminar para establecer si La Usina Producciones –empresa fundada por el comentarista deportivo- participó de alguna maniobra para lavar dinero. La sospecha apunta a dilucidar si en realidad prestó los servicios para los que fue contratada o si sirvió de pantalla para blanquear fondos públicos.

La causa investiga el delito de "administración fraudulenta" y fue formalizada por el abogado Antonio Liurgo, quien solicitó el allanamiento y el "inmediato secuestro de documentación" de la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno que conduce Mauricio Macri. Ese procedimiento fue autorizado el viernes por el juez Roberto Ponce. El magistrado delegó la instrucción en el fiscal Velarde, quien le había pedido cinco allanamientos. Por la mañana, personal de la Fiscalía de instrucción Nº 43 se presentó junto a fuerzas de seguridad en la sede gubernamental para hacer efectiva una orden de presentación con facultad de allanamiento sobre la serie de contratos de encuestas y consultoría otorgados a La Usina. Se presume que esas contrataciones estuvieron direccionadas, a través de un mecanismo administrativo que permitía que no figuren en el Boletín Oficial. Desde la dependencia oficial no opusieron resistencia al operativo y facilitaron la documentación requerida, aunque no fue confirmada por fuentes judiciales la relevancia de los hallazgos y si los operativos continuarán. Lo mismo sucedió en la sede de La Usina Producciones, en la Avenida Cramer 1635, el mismo domicilio declarado de su ex socio, Atilio Alberto Meza, que se reveló, al momento de las contrataciones, era el candidato suplente Nº13 en la lista de postulantes a diputados nacionales del macrismo en la provincia.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que conduce Carlos Gonella, a través del Área de Delitos contra la Administración Pública que está a cargo de Milton Khaski, abrió una investigación preliminar para constatar si además existió lavado de dinero con fondos públicos. Tiempo reveló en su edición de ayer que la cantidad de contratos que vinculan al gobierno porteño con el periodista son 192, por un total de $23.788.677, sólo en los últimos tres años. La Procuraduría, en el expediente que lleva el número 1202/2015, ofició al área de Compras y Contrataciones –la misma que fue allanada- para que informe el listado completo de los convenios, su objeto y los montos percibidos y que entregue la copia de los expedientes administrativos. Esa investigación se vio robustecida con la denuncia presentada ayer en la unidad antilavado por la legisladora Gabriela Alegre (FPV) quien pidió que se investigue a Niembro por blanqueo de activos y se efectúe una denuncia penal en la justicia federal. 

En la presentación, la diputada enumeró el cúmulo de irregularidades encontradas en el vínculo comercial entre la administración de Macri y la empresa fundada por Niembro y puso la lupa en la posible venta "simulada" del paquete accionario de la firma que facturaba millones por sólo $20.000, recién formalizada en marzo de 2015. "Resulta claro que el vínculo político de Fernando Niembro con el jefe de gobierno y el partido de gobierno –no puede soslayarse que es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires- hizo posible estas contrataciones millonarias. Y que la información que ha tomado estado público permite presumir que nos encontraríamos frente a una maniobra dirigida a 'blanquear' la percepción de fondos por parte de La Usina Producciones”, resumió la acusación planteada en el escrito. Se destacó que los contratos "por servicios que se desconocen" fueron pactados "eludiendo maliciosamente los controles de los actos de gobierno establecidos por leyes y reglamentos".

Alegre sostuvo ante la Procuraduría que se utilizaron mecanismos para evitar la Ley de Compras y Contrataciones bajo el argumento de urgencia y que "el escenario descripto se agrava porque no existen evidencias ciertas de que los servicios contratados se hayan efectivamente concretado". A su vez, pidió conocer si registra empleados. La variedad de rubros, que van desde auditorías por el servicio de higiene urbana hasta reparto de folletería, para una empresa recién conformada, encendieron las alertas. Pese a estar inscripta también para realizar actividades periodísticas y publicitarias, La Usina, al momento de su creación en 2012, declaró como actividad principal la categoría "60990 - Servicios personales" que "incluye actividades de astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de autos", entre otras.

La denuncia de Alegre hace énfasis en la actuación de Niembro, pero pide que se impute a quienes resultaran "coautores, cómplices, instigadores o encubridores de los hechos que se denuncian". Una vez finalizada la investigación preliminar, Procelac deberá analizar la pertinencia de una denuncia penal por posible lavado de activos en perjuicio del Estado porteño. "Todo indicaría que fue creada específicamente para su vínculo con el GCBA", resaltó la denunciante.

Ampliación

El abogado Liurgo se presentó ayer en Tribunales para ampliar el objeto inicial de su presentación, en la que sostuvo que Niembro "se habría beneficiado en forma irregular mediante contratación directa –del gobierno porteño- a la empresa La Usina Producciones SRL.", y aportó datos sobre Meza, el ex socio del comentarista, que pese a facturar millones figura inscripto ante la AFIP como autónomo en una categoría de hasta $ 15.000 de ingresos mensuales. También apuntó a la situación fiscal de Aldana Meza, a quien Niembro le cedió cuotas societarias para desvincularse de la empresa, operatoria que quedó bajo sospecha. Desde entonces aparece como gerente de La Usina para el resto de las contrataciones realizadas que, sólo en este año, le permitieron facturar a la compañía $ 6.026.955,27 en otros 22 convenios con la Ciudad. Allí se registra una nueva encuesta del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que conduce Edgardo Cenzón, por la que la administración porteña pagó 299.898 pesos. Las múltiples facturas en ese período van desde los $ 58.000 hasta los casi 600.000 pesos.

Fuente: Tiempo Argentino.



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