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25 de septiembre de 2015
Críticas al PRO por abstenerse a la creación de una comisión que investigue la complicidad empresaria en la dictadura
Diputados de Frente para la Victoria cuestionaron la posición de los 14 legisladores macristas que se abstuvieron de votar el proyecto de ley que busca crear una bicameral para “identificar las complicidades económicas y financieras” durante la última dictadura cívica militar.

Diputados nacionales del Frente para la Victoria criticaron la posición de los 14 diputados macristas que anoche en la Cámara de Diputados se abstuvieron de votar el proyecto de ley que busca crear una comisión bicameral para “identificar las complicidades económicas y financieras” durante la última dictadura cívica militar.

Durante la sesión parlamentaria de ayer, y a instancias de la Comisión de Legislación del Trabajo presidida por el diputado nacional Héctor Recalde (FpV), la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la creación de una “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia”.

El objetivo de este organismo parlamentario, cuya creación se abstuvieron de votar los 14 legisladores del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza, buscará determinar quiénes fueron los “actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 y le dieron “apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.

La negativa por parte del espacio que conduce el candidato presidencial Mauricio Macri a aprobar la iniciativa generó duros cuestionamientos, al punto que fueron señalados como “quienes se favorecieron con las políticas económicas de la dictadura cívico militar”.

Durante la mañana de hoy, el promotor de la iniciativa, Héctor Recalde, destacó que “más allá de las disidencias y de las discusiones que algunos diputados radicales y del Frente Renovador plantearon, no entiendo la abstención de los legisladores de PRO, pero el silencio tiene también un valor jurídico”.

A la hora de trazar un balance sobre lo actuado en materia de complicidad de los grupos económicos durante la última dictadura, explicó que “se ha avanzado en identificar a algunas empresas cómplices como Mercedes Benz, Ford, Celulosa, Ledesma, La Veloz del Norte, Acindar, Techint, Siderca”, pero lamentó los fallos judiciales que desprocesaron al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y a Vicente Massot (director del diario La Nueva Provincia).

El diputado nacional Horacio Pietragalla, que recuperó su identidad biológica más una década atrás, fue uno de los críticos más duros a la negativa del macrismo.

“Muchas corporaciones se favorecieron con las políticas económicas que llevó adelante la dictadura son las que hoy financian y tratan de desestabilizar todo el tiempo al gobierno nacional y popular y son las que están al lado de la ultra derecha argentina, en este caso al lado del PRO”, sentenció el diputado.

Y evaluó que “si bien en estos 12 años se pudo instalar que los militares secuestraron, torturaron y hundieron al país, falta poder naturalizar que los grupos económicos fueron los que más empujaran para que esto sucediera”.

Desde el PRO, buscaron relativizar la participación de las principales empresas locales y extranjeras en la planificación del programa económico de la dictadura al comparar la complicidad empresaria con la corrupción.

“No acompañamos el proyecto porque planteamos objeciones que no fueron contempladas en las reuniones de comisión. Creemos que se deben investigar todos los delitos de corrupción, los que se cometen tanto en democracia como en dictadura, porque ambos son igual de graves”, esbozó a modo de defensa el diputado nacional macrista Pablo Tonelli, en declaraciones radiales.

En ese sentido, apuntó que “una comisión del Congreso no puede interferir en el trabajo de la Justicia”, y subrayó que “con este proyecto se corre este peligro”, al tiempo que opinó que “si hubo delitos de lesa humanidad es algo que debe ser determinado por la Justicia. El Congreso no puede tener esa misión porque se estaría interfiriendo en el trabajo de los magistrados”.

TELAM-



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