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CORDOBA

5 de noviembre de 2012

Provincia paga sin atraso Boleto Educativo pero a municipios les debe $ 150 millones

De la Sota cumple en tiempo y forma con su principal bandera de gestión, aunque a costa de intendencias y comunas.

 

Pese al cuadro crítico que atraviesan las finanzas provinciales con una deuda flotante de más de 4.200 millones de pesos, el Gobierno de Córdoba paga puntualmente a las distintas empresas de transporte las erogaciones millonarias que genera el Boleto Educativo Gratuito.

Esta realidad tiene su explicación en el hecho de que José Manuel de la Sota no quiere que se manchen con críticas de cualquiera naturaleza lo que será su principal bandera de campaña para las elecciones presidenciales de 2015.

Sin embargo y como contrapartida a los pagos puntuales que se realizan todos los meses a las diversas firmas transportistas, la administración provincial ya acumula una deuda corriente del orden de los 150 millones de pesos con las diversas intendencias y comunas por diversos programas sociales, la coparticipación de multas de la Policía Caminera y los aportes prometidos para el Fondo Permanente de Financiamiento Municipal.

A menos de dos meses de terminar 2012, el Ministerio de Desarrollo Social ha batido todos los récords en materia de atrasos en los pagos de fondos para financiar los Programas de Niñez y Ancianidad, ya que entre enero y el 31 de octubre pasado no se giró un solo peso a las administraciones locales para compensar el gasto que éstas afrontan diariamente para dar de comer a miles de niños y ancianos.

Se estima en más de 100 millones de peso la cifra que todos los municipios y comunas deberían haber recibido en los primeros 10 meses de este año de la Provincia. Pese los reiterados reclamos de los intendentes, el Ministerio de Desarrollo Social se declaró en virtual cesación de pagos. Sólo se prometió achicar parte de la millonaria deuda en noviembre o diciembre, sin dar precisiones sobre los montos y fechas concretas.

A esta deuda por programas sociales, debería sumarse las acreencias que tienen a su favor los intendentes por la no coparticipación de más de 12 millones de pesos en concepto de multas de la Policía Caminera, que fueron labradas hasta 2011. Es decir que no se tienen en cuenta las partidas correspondientes al año en curso.

Los 150 millones de pesos que De la Sota debe a los municipios son por programas de Gobierno. No incluye las obras incumplidas.

Por si esto fuera poco, De la Sota tampoco cumplió el convenio suscripto con los intendentes en el mes de agosto por el cual se comprometió a aportar 20 millones de pesos para fortalecer el Fondo de Financiamiento Permanente.

En realidad, ese dinero siempre fue de los municipios y su entrega no configura ninguna donación especial del Gobierno, ya que se trata de las partidas mal retenidas en concepto de Fasamu (Fondo de Asistencia a Municipios) entre el 1 de enero y el 31 de julio.

Otros 19 millones también se le deben por la misma razón al intendente Ramón Mestre de Córdoba Capital.

Como De la Sota y su jefe de Gabinete saben que están en falta con los gobiernos locales y no tienen respuestas positivas a los constantes reclamos financieros, decidieron postergar sin fecha las

reuniones de la Mesa de Trabajo Provincia-Municipios tal como el año pasado lo hizo Juan Schiaretti.

En realidad, ese organismo creado como instrumento de diálogo institucional permanente por el propio De la Sota durante su primer gobierno de 1999-2003, ya fue dejado de lado el año pasado por Juan Schiaretti.

El actual mandatario amagó con reactivarlo a mediados de este año lanzando un nuevo acuerdo político-económico con los jefes comunales, dentro del cual figuraba la devolución de los 39 millones de pesos correspondientes a los recursos mal retenidos de Fasamu, la devolución de cuatro puntos de la coparticipación que eran retenidos por esa causa y por el Fondo Permanente.

De las promesas sólo se cumplió parcialmente la que incluía el fin de los recortes mensuales de 4 puntos porcentuales de coparticipación. En cambio, los aportes prometidos para Ramón Mestre y los otros intendentes del interior siguen esperando sin mayores explicaciones del Gobierno provincial.

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