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19 de noviembre de 2012
Epec pondrá otros $ 28 millones para Wi-Fi “gratuito” que no anda
Así surge la planilla de inversiones prevista para 2013 por la compañía de todos los cordobeses. Entienden que desde la empresa intentarán “tapar otro de los huecos” de la gestión de Juan Schiaretti, virtual candidato a diputado por el oficialismo.

 

El servicio de Internet gratuito prometido por Juan Schiaretti tenía que entrar en vigencia en noviembre de 2011 para beneficiar a los vecinos de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y San Francisco. La segunda etapa era para extender la prestación “a los 3,2 millones de cordobeses” hacia finales de 2012, según los dichos del mismo Schiaretti y de costosos avisos oficiales difundidos durante su mandato.

La Unión Transitoria de Empresas que realizó la instalación de los equipos y tendió las redes en las principales ciudades (Galander SA e IR Comunicaciones) ya cobraron unos 25 millones por la obra, pero el servicio es inexistente, como lo demostró este medio a través de la constatación con ingenieros que inicialmente estuvieron vinculados al megaproyecto. Es más, la segunda de esas firmas se presentó en convocatoria de acreedores después de cobrar semejante cantidad de dinero, y el trámite le fue aceptado por el Juzgado de Primera Instancia y 33ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.

Para que el concurso le fuese aprobado, el dueño de IR adujo, entre otras cosas, que se trataba “de un contrato millonario por el cual la Epec debe ir certificando y pagando tales certificados; pero que el cambio de gobierno cambió la realidad contractual”.

“Epec comenzó a desatender los certificados y luego ya ni siquiera certificar los avances de obra... Que Epec cayó en incumplimiento al no pagar ni certificar, lo que motivó, además de grave problema financiero, una luz roja en el cumplimiento contractual, lo que justificó la presentación de la UTE de fecha 11 de enero de 2012, en virtud de la cual se notificó a la Epec la suspensión del contrato y, con ello, la suspensión del cumplimiento de las obligaciones de la contratista y la posibilidad de requerir la rescisión por culpa de la comitente (la Epec/el Gobierno)”.

Este último párrafo dejaba en claro que las empresas interrumpieron la prestación argumentando la falta de pagos. Y, al mismo tiempo, que abren la posibilidad de entablar una demanda para reclamar dinero por vía judicial.

Las denuncias periodísticas de este medio fueron recogidas por el vocal del Ersep por el Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, para formular una denuncia judicial, que quedó radicada en la Fiscalía de Distrito 3 Turno 7 de los Tribunales de esta ciudad, a cargo de Raúl Garzón, quien analizó el caso y decidió remitirlo a la Fiscalía en lo Penal Económico y Anticorrupción Administrativa, precisamente por hallarse involucrado el ex mandatario, entre otros funcionarios públicos (ver “Para Quinteros...”).



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