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CONGRESO

28 de junio de 2016

Senado: Presentan la ley de actos discriminatorios - M. Mei

Los senadores Abal Medina y Sigrid Kunath informan en la Cámara Baja el contenido de un proyecto que tiene como objeto ampliar el espectro de lo que se definen como hechos discriminatorios y establecer cambios sustanciales respecto de la norma vigente desde 1988.La iniciativa retoma la propuesta de la Federación Argentina LGBT y de la Mesa Nacional por la Igualdad.

Por Mariana Mei.

Actualmente la ley 23592 ampara a los ciudadanos de actos discriminatorios. El fin de la norma es hacer cesar el acto discriminatorio y reparar materialmente el daño moral y material, contra todo acto discriminatorio. La autoridad de aplicación de la Ley es el INADI.  En su artículo 3 establece prisión de un mes a tres años para  los que participen en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa.

Para actualizar la norma vigente, este martes los legisladores Juan Manuel Abal Medina y Sigrid Kunath presentarán el proyecto para crear una nueva ley para la prevención, sanción y erradicación de los actos discriminatorios. El evento se realizará a las 17.30 en el salón Eva Perón del Senado de la Nación. Estarán presentes también Marcela Romero, presidenta de la Federación Argentina LGTB, y María Rachid, secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT.

El proyecto retoma la propuesta de la Federación Argentina LGBT y de la Mesa Nacional por la Igualdad y tiene por objeto ampliar el espectro de lo que se definen como hechos discriminatorios y establecer cambios sustanciales respecto de la ley 23.592, que quedaría derogada. En el texto se propone la extensión de los pretextos discriminatorios, que se fundamenta en lo establecido por convenciones, tratados, legislaciones y fallos de carácter internacional sobre Derechos Humanos. De ese modo, la ley nacional de actos discriminatorios se adecuaría a la legislación internacional. Asimismo, el proyecto incorpora el principio pro-persona, es decir, que de existir ambigüedad de sentidos, debe prevalecer la interpretación que más favorezca la protección de los derechos y la dignidad de la persona afectada.

Establece que pueda existir la intimación al cese entre las disposiciones de sentencias judiciales que sancionen actos discriminatorios. Esta disposición, que puede aplicar tanto para privados como para el Estado, tiene efectos significativos en la ley de contrato de trabajo porque implica que, por ejemplo, un empleado que haya sido despedido por discriminación pueda recuperar su puesto, más allá de la indemnización integral que pueda recibir por el daño que se le causó. Establece la inversión de la carga de la prueba en las causas judiciales sobre actos discriminatorios. Esto implica que le corresponde al victimario la responsabilidad de demostrar la inexistencia de la discriminación denunciada por la víctima. Esta inversión de la carga de la prueba también vale para el Estado.

Así también propone establecer agravantes por discriminación para todos los delitos del Código Penal, lo que implica la posibilidad de que se aumenten las condenas en aquellos casos que se compruebe que el móvil para la comisión del delito sea de carácter discriminatorio.

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