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19 de junio de 2017
SÓLO NEGOCIOS
La vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad en Diputados, Gabriela Troiano, expresó su reclamo por las contradicciones que se manifiestaron en materia de políticas públicas.
Por Rodrigo Marcogliese y Matias Russo

“El proyecto que presentamos es para pedir la derogación del decreto 432 del año 1997 que establece condiciones y requisitos ridículos para que una persona con discapacidad acceda a una pensión, violando la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que en nuestro país tiene jerarquía constitucional”, aseguró Troiano.

Como vicepresidenta de la Comisión ¿Qué puede comentar de esta noticia que salió sobre la baja de pensiones por discapacidad?

Con este tema venimos trabajando hace ya dos semanas. Hemos presentado pedido de informes ante la Cámara de Diputados. El jueves tuve una reunión con presidente de CONADI planteándole la necesidad de que se pusiera a la cabeza de la defensa de este tema. El viernes mandamos un comunicado exponiendo que era una barbaridad la que se estaba asimilando con las pensiones a personas con discapacidad, como si fuesen indigentes. Y se le aplicaba ese Decreto 432  y  las personas con discapacidad no necesariamente  tienen que ser indigentes, lo que sí tienen necesidades diferentes a otros. Entonces esto fue  el proceso que se dio.

En vista de que tenemos la ley que establece a la Convención internacional para personas con discapacidad, como rango constitucional, aceptamos en su preámbulo como en el artículo IV lo que se plantea acerca de que el Estado debe tomar estas cuestiones económicas y garantizar el cumplimiento de las pensiones. Entonces, no se puede aplicar este decreto que tiene un rango mucho menor porque es la reglamentación de una Ley que está por debajo de la Constitución.

Desde el año 2014 no corresponde. Ya es un derecho adquirido para las personas con discapacidad. Eso es parte de un ajuste que creo que es ilegal que no han tenido en cuenta la normativa vigente, a pesar del lanzamiento del plan nacional de discapacidad y la solicitada que vimos hoy de la Presidencia de la Nación en este sentido, conceptos con los cuales uno puede acordar, pero la verdad es que se contradice con las acciones que ejecuta el Gobierno  que están tomando en política pública.

¿A qué personas se les fueron quitando esas pensiones, cuál fue el argumento?

El decreto que reglamenta esas pensiones (el 432) dice que no son indigentes aquellos que tienen una vivienda, un auto, que en la familia hay una persona que cobra un sueldo. Las personas con discapacidad que tienen un auto para movilizarse, es porque lo necesitan. Después la pensión oscila entre 4 mil y 7 mil pesos, y  la mayoría de los que se las sacaron son las de 4 mil .

Estos 4 mil pesos, si vos no tenes vivienda, cómo haces para alquilar, vivir, hacerte los estudios, tomar los medicamentos, es una cosa de locos.

Nosotros veníamos trabajado el tema porque las organizaciones de Discapacidad y el movimiento en sí, venían reclamando que se aumente el monto de la pensión ya que era insuficiente y ahora toman la resolución de sacarla. Fue una explosión.

Soy autora de un proyecto de una pensión para personas con discapacidad en función de adecuar la normativa después de la Convención, hay varios proyectos en la Cámara de Diputados porque esto le otorga un derecho y no quedan al descubierto con estas pensiones  por indigencia que termina por un mal criterio de un funcionario de turno eliminándose sin hacer previamente un estudio socio ambiental porque es una condición humanitaria.

¿Por qué crees que el gobierno esté llevando esto a cabo?. ¿Tiene que ver con reducir el déficit fiscal?

Creo que tiene que ver con el ajuste que vienen haciendo también con las tarifas, pero en este caso es contradictorio, porque CONADI recién termina de ejecutar en mayo de este año el presupuesto del  2015, todavía no ejecutó ni 2016  ni 2017, hay cuestiones que llaman la atención poderosamente. De todas maneras, ellos tienen que arbitrar los medios necesarios mientras por un lado les quitan las pensiones a personas con discapacidad, por otro lado les dan subsidio millonario a las personas de transporte y no reclaman la accesibilidad de ese servicio. Es  todo incongruente.

Hay una resolución del Ministerio de Economía de febrero de este año que es el Decreto  43, donde le dan subsidios a las empresas de transporte argumentando que con los vuelos a bajo costo están perdiendo dinero. Solo ocupan 24 de los 54 lugares que tiene un micro, sin embargo, a partir de diciembre entró en vigor también el decreto de la década del ’90 donde restringen a una persona con discapacidad por micro por acompañante. Son cosas inentendibles.

Finalmente la diputada Troiano se refirió a la necesidad planteada en la reunión con el director de la CONADI  de que se revea el decreto 118 y la aplicación del  432. Lo denuncié vía  facebook con el caso del chico cuadripléjico de Rosario al que le quitaron la pensión nacional  y explotó el caso en las redes.



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