Un clima de profunda indignación y bronca se vive por estos días en Wenceslao Escalante, una pequeña localidad del sudeste cordobés, luego de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) que dispuso el remate de las tierras donde se asienta gran parte del edificio del Instituto José Hernández, el único colegio secundario del pueblo.

“A través de nuestro abogado Domingo Carbonetti tomamos conocimiento que el Tribunal Superior ordenó el remate de dos de los tres lotes donde se ubica nuestra institución en el marco de un juicio laboral iniciado en 2001 por la ex profesora de inglés María Cristina Giordano. En 2004, tras el fallo de la Cámara de Bell Ville el colegio con mucho esfuerzo le abonó una compensación económica de 14 mil pesos. No conforme con ese dinero, la ex docente apeló al Tribunal Superior y ahora salió el fallo condenatorio que ha indignado a todos los vecinos de Wenceslao Escalante”, explicó preocupado el rector del Instituto Secundario, Ángel Beccaría.

En primer lugar, fueron la sorpresa y la consternación las que embargaron a los 1.800 habitantes de Escalante, aunque ahora, los vecinos piensan en organizar marchas y otras acciones en apoyo del querido colegio secundario donde asisten 136 alumnos.

“Nuestro instituto es una escuela pública de gestión privada. El Gobierno de Córdoba subsidia los sueldos de los docentes. Nosotros cobramos una pequeña cuota a los alumnos para pagar los seguros y los gastos de luz, agua y otros insumos. Apenas recaudamos 8 o 9 mil pesos por mes que no alcanza obviamente para pagar la indemnización que reclama esta mujer”, continuó el rector.

Aunque Beccaría aseguró desconocer el monto económico de la sentencia por la cual el TSJ pidió el remate, otras fuentes judiciales estimaron en un poco más de 200 mil pesos la suma establecida como compensación para la ex docente que fue dejada cesante por las ex autoridades del colegio en 2001.

“Hemos pedido ayuda a la Provincia y también desde el municipio nos prometieron su apoyo. Pero se trata de una cifra muy elevada. Si no se logra un acuerdo extrajudicial, en febrero o marzo se rematarían los dos lotes donde están asentadas cuatro de las siete aulas del colegio y otras dependencias administrativas. Ya vino un martillero para constatar personalmente cuáles son los lotes que se pretenden vender para pagar la indemnización”, precisó la autoridad del Instituto.

LA MAÑANA intentó ayer dialogar con la intendente de Wenceslao Escalante, María Felippa, pero ésta se encontraba de viaje. No obstante, otras fuentes del municipio aseguraron que la jefa comunal está realizando intensas gestiones para destrabar el conflicto y evitar el remate de más de la mitad del único colegio secundario del pueblo.

“Los vecinos esperan que la ex profesora recapacite ya que no puede condenar a la desaparición a este colegio por este juicio. Esperemos que se solucione el problema, pero estamos muy preocupados. Nosotros no tenemos los recursos necesa”, agregó el rector.

Si bien en pueblos vecinos existen otros establecimientos educacionales donde podrían concurrir los alumnos del Instituto José Hernández, ello implicaría un serio perjuicio para toda la comunidad de Wenceslao Escalante.

Se estima que muchas familias emigrarían ante la ausencia de un establecimiento de nivel medio donde sus hijos puedan cursar las clases.

Otras fuentes consultadas en Wenceslao Escalante aseguraron que el ex legislador Domingo Carbonetti, en su carácter de abogado del Instituto Secundario José Hernández, ha iniciado una serie de gestiones ante el Ministerio de Educación de la Provincia con el fin de obtener algún tipo de apoyo para la escuela.

Hay que tener en cuenta que la actual intendente prácticamente no tiene relación institucional con el Gobierno de Córdoba.