Arribas dijo que no declarará hasta tanto conozca las pruebas que hay en el expediente, ya que no tuvo tiempo para que sus abogados pudieran conocer la imputación en su contra.

El ex jefe de los espías llegó a las 11:00 a Dolores y se retiró a las 14:00, ya que pese a no declarar tenía la obligación de concurrir.

Arribas le entregó su pasaporte al juez federal Ramos Padilla y, además, aportó un seguro de caución para cubrir el embargo de 20 millones de pesos que le fijó el magistrado.

El ex titular de la AFI escuchó la imputación en su contra y no declaró porque -según sus abogados- no tuvo tiempo material de leer las pruebas que constan en la causa.

Incluso, el ex funcionario llegó a Dolores acompañado por un grupo importante de abogados, con el objetivo de mirar el expediente, el cual no se les facilitó por decisión del juez en base a la información sensible que posee.

La causa se enmarca en la investigación en la que está detenido el supuesto abogado Marcelo D´Alessio.

La investigación es porque a fines de 2016, desde bases operativas de la AFI en el conurbano bonaerense, se desplegaron actividades de espionaje en perjuicio de un grupo de personas.

Según la investigación, se quiso «influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor», se supo de fuentes judiciales.

La acusación parte de la existencia del proyecto AMBA, en el que la AFI instaló 6 bases operativas para supuestamente combatir el delito, pero que se utilizaron para tareas de espionaje político.

Por esta causa, el juez dispuso también el procesamiento del ex funcionario de la AFI Pablo Pinamonti por realizar «acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor» en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público.

Es por «haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias».

«De una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político, vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires», agregó el magistrado.

Por ello, acusa que Pinamonti tenía a cargo bases operativas de AFI en el Conurbano donde se hicieron seguimientos a referentes políticos, sociales, partidarios, comunitarios y hasta patentes de transportes como ser el traslado de manifestantes.