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SALTA

13 de marzo de 2013

Hay trabas para acceder al aborto en casos violación, a un año del fallo que lo permitió

Salta se ubica entre las provincias que aún no se ajustaron a lo que dispuso la Justicia de acuerdo a un relevamiento nacional. En marzo de 2012 la Corte Suprema resolvió que se puede detener el embarazo si es producto de un ataque sexual.

 

El 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvía que un embarazo se puede interrumpir si es producto de un ataque sexual. Un año después, Salta figura entre las provincias que enfrentan reclamos porque no allanaron el camino para que se cumpla el fallo.

El Gobierno de Salta dispuso que las mujeres embarazadas de su violador deben contar con una denuncia policial o exponer lo que les sucedió en una declaración jurada ante el Ministerio Público si quieren detener la gestación en un hospital.

Referentes feministas cuestionan que la Provincia haya incorporado esta exigencia que no existe en otros puntos del país. Consideran que es un paso innecesario que busca obstaculizar el acceso al aborto.

El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades hizo una presentación judicial para que se declare inconstitucional la política oficial en la materia.

Argumentan que la Corte Suprema de Justicia indicó que las víctimas deben firmar en el hospital una declaración en la que aseguren haber sufrido un delito sexual, pero que el fallo no habla de ir a la Policía o al Ministerio Público.

Un año después de la resolución del tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, la demanda del sector que pelea por los derechos de género en Salta aún debe resolverse en la Corte de Justicia local.

Graciela Abutt Carol, representante legal del Foro de Mujeres, denunció una “prohibición implícita” que dificulta que las mujeres violadas lleguen a la interrupción del embarazo.

La abogada destacó que esta realidad expone a las mujeres a sufrir infecciones y a otros riesgos derivados de las intervenciones clandestinas para detener la gestación.

La primera interrupción del embarazo a una víctima se hizo en octubre de 2012 en el Hospital Público Materno Infantil, con denuncias de demoras y falta de información para la mujer.

En Argentina, de acuerdo a datos oficiales, las complicaciones relacionadas con el aborto son la primera causa de muertes maternas.

Un informe de la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) destaca que Salta está entre las jurisdicciones que no se ajustaron plenamente a lo que decidió la Justicia en marzo de 2012.

La Provincia generó “exigencias que podrían dificultar el acceso” al aborto para víctimas de violación de acuerdo al relevamiento, que se realizó en los últimos días de diciembre.

La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén se encontraban en la misma situación que Salta.

Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy y Tierra del Fuego, en tanto, eran las únicas que se habían adaptado cabalmente al fallo de la Corte Suprema y no habían impuesto condicionantes.

En el peor extremo estaban los Estados provinciales que ni siquiera habían redactado un instrumento legal que permitiera que una mujer que sufrió un ataque sexual pudiera interrumpir la gestación. Mendoza, San Luis, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz y San Juan formaban en este grupo.

El Foro de Mujeres remarcó que la no aplicación de la resolución de la Corte Suprema en Salta está entre las principales preocupaciones en materia de derechos de género. Irene Cari, presidenta de la institución, se refirió al tema el viernes, en un encuentro de concientización que organizó con Fundara (Fundación para la Reflexión y el Análisis de la Argentina) por el Día Internacional de la Mujer.

Cómo fue la primera experiencia

En octubre se denunciaron demoras en la primera interrupción del embarazo a una víctima de violación, que se hizo en el Hospital Público Materno Infantil.

La mujer debió ser derivada al Ministerio Público para hacer una declaración jurada en la que asegurara haber sufrido un ataque sexual porque así lo demanda un decreto provincial.

Las abogadas de la víctima aseguraron que el traslado implicó dilaciones y consideraron que hubiera sido difícil que se concretara la práctica si la mujer no tenía asesoramiento legal.

“Le hicieron muchas preguntas, hubo reticencia a dar información, burocratización y falta de privacidad”, describió Mónica Menini, una de las letradas, pese a que las autoridades lo negaron.

Ayer no se pudo confirmar cuántos casos se presentaron después de esta experiencia en el hospital.

En Salta hay una demanda del Foro de Mujeres para agilizar el aborto en casos de violación, pero un abogado particular hizo también una presentación contrapuesta que pide prohibir la práctica.

El letrado, Francisco Durand Casali, sostiene que se debe impedir que la mujer que quedó embarazada de su abusador tenga el derecho de detener la gestación.

Sin resolver la cuestión de fondo, la Justicia ya rechazó una medida cautelar por la que Durand Casali pedía eliminar la posibilidad de abortar. Los dos planteos opuestos sobre la interrupción del embarazo se acumularon en una sola causa.

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