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15 de abril de 2013
Polémica por obras para aborígenes durante la gestión de Calermo 
Se canceló un convenio entre ese organismo y un contratista aborigen pariente de Calermo. No se encuentran los documentos por la construcción de las polémicas casas de madera para indígenas.

(Gentileza de eltribuno.info/salta)

Las nuevas autoridades del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) rescindieron convenios entre ese organismo y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con un contratista aborigen que “incumplió las normas establecidas”. Se trata del convenio firmado el 2 de noviembre de 2011 con Esteban Soruco, para la construcción de 15 viviendas en la comunidad chorote Kilómetro 6, de la ciudad de Tartagal.

Soruco es señalado como hermano del polémico dirigente wichi Indalecio Calermo, por parte materna, y es padre de Cornelio Soruco, denunciado por usar como propia y no devolver una de las cuatro camionetas 4x4 que tiene el IPPIS y que están en manos de la vieja dirigencia.

Se trata de la primera resolución que firmó el nuevo presidente del IPPIS Enrique Arello, que ya autorizó la firma de un nuevo convenio, pero con un contratista que “cumpla con lo que exige la ley”. Según Arello no es la única irregularidad. Mencionó que todavía no dieron con documentación que acredite las condiciones en las que se programó la construcción de unas polémicas casas de madera para aborígenes, que según sus primeros habitantes de Santa Victoria Este son “inhabitables”.

El polémico convenio del que no existen registros es de noviembre de 2011 y lo divulgó el aparato de comunicación oficial para el Ministerio de Desarrollo Humano. En ese momento se trataba de 200 casas de madera para familias originarias. Calermo dijo a El Tribuno, en noviembre de 2012, que las casas tienen un valor de entre 15 y 18 mil pesos cada una. “Lo que pasa es que, entre tener casa de nylon y de ramas, la gente aborigen acepta éstas de madera. En la pobreza es mejor tener algo que no tener nada. Son de emergencia, no como nosotros queremos. Pero también se están haciendo en algunos barrios de Salta”, afirmó Calermo.

Las casas, según lo que dijo el propio Calermo, tendrían un valor aproximado de 3.600.000 pesos. Según la ley, las compras superiores a los 100.000 pesos deben realizarse por medio de una licitación pública. “No se llamó a ninguna licitación. No existe ni un solo documento”, dijo Arello. Pero ésta es solo una de las preocupaciones que tiene el nuevo presidente del IPPIS. “¿Cómo puede ser que exista tal avance, en campos como la tecnología por ejemplo, y en las comunidades no tengamos agua? Es algo indispensable, básico, elemental. ¿Cómo puede ser? Me hablan de la idiosincrasia de los pueblos aborígenes como si fuera un problema, que somos de una cultura bastante dejada. ¿Pero acaso brindamos las herramientas necesarias para superar ese problema? Por supuesto que vivimos 500 años sin baño, pero no por eso vamos a vivir otros 500 años más de la misma manera. De alguna forma tenemos que brindar esos instrumentos, por ejemplo, a las madres para que aprendan de higiene, para cuidar a sus hijos. Nos acostumbramos a vivir así. Pero no damos ninguna herramienta para salir de eso. No hay igualdad si no tenemos las mismas oportunidades”, definió Enrique Arello.

“Necesitamos una  revolución”

“Soy muy agradecido de cómo me reciben en las comunidades wichi, chorote o chané. Yo trato de explicar ahí que las revoluciones cambian las cosas y que necesitamos una, que cambie ideas, que cambie proyectos. Todos hablan de que las viviendas son una solución, pero no es así. Las necesidades no se terminan en las viviendas. Tenemos que cambiar la mentalidad para que no engañen a la gente. Sobre todo los políticos, pero hasta nuestros propios dirigentes aborígenes también lo hacen. Se tiene que terminar.

Antes cambiaban su voto por un paquete de arroz, pero ellos ya no quieren más eso. Ahora están pensando más en los intereses comunitarios que en los propios. Están demandando otra cosa. Me da bronca, pena, impotencia”, expresó Arello.



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