Con 39 votos afirmativos, el pleno del Senado avaló el proyecto del Ejecutivo para limitar dichas medidas contra el Estado nacional y lo giró a Diputados. Al dictamen original se le realizaron cambios que fueron propuestos por el Cels y por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez.

La sesión especial comenzó al medio día de ayer, con la presencia del Frente para la Victoria (FpV) y aliados, mientras que la oposición se sumó al recinto una vez iniciado el debate.

Al inicio de la sesión hubo gran expectativa en cuanto a las modificaciones a realizarse al dictamen original, alternativa que quedó abierta después de las críticas expuestas este martes por Horacio Verbitsky, en nombre del Cels, y los cambios sugeridos por el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. Al final, se aceptaron propuestas de los dos.

Entre los cambios realizados de la presentación inicial del Poder Ejecutivo, sobre el artículo 2, se propuso modificar el primer párrafo del apartado 2, que quedará redactado de la siguiente manera: “La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”.

Respecto al artículo 17, se propuso agregar un último párrafo, que dirá lo siguiente: “Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación”.

El debate

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador kirchnerista, Pedro Guastavino, quien aseguró que “ningún ciudadano será perjudicado” con la iniciativa, y dejó en claro que las excepciones tendrán lugar cuando la cautelar esté referida a “sectores socialmente vulnerables” o cuando se encuentren “comprometida la vida digna”, la salud, un “derecho de naturaleza alimentaria” o de “naturaleza ambiental”.

Por su parte, el legislador del Frente Amplio Progresista, Luis Juez, señaló que la iniciativa “no tiene nada de nacional y progresista”, y que se está “castigando al ciudadano”. Otro que puso reparos fue el radical Eugenio “Nito” Artaza, que expresó: “Estamos de acuerdo en que es necesario regular las cautelares, pero tenemos que estar muy atentos para no perjudicar a los ciudadanos”. Asimismo, desde el FpV, Aníbal Fernández (foto) aseguró: “Esta medida no es la solución definitiva ni la verdad revelada, pero algún rumbo hay que tomar para ir penetrando en excesos de la Justicia cautelar”.