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CORDOBA

20 de mayo de 2013

Críticas a De la Sota: Lo que garantiza la libertad de expresión es la Ley de Medios

Referentes de la comunicación aseguraron que el Decreto 525 busca salvaguardar los intereses de los medios monopólicos.

 

Referentes políticos, intelectuales y organizaciones relacionadas con la comunicación, gremios, dependencias universitarias y representantes de medios de prensa locales, respondieron ayer duramente al Decreto Provincial 525 de “defensa de la libertad de expresión”, anunciado el viernes por el gobernador José Manuel de la Sota y que fue una copia apenas matizada del que lanzó el miércoles el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

“La mejor forma de garantizar la libertad de expresión es la plena vigencia e implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual largamente debatida por la ciudadanía y sancionada por amplias mayorías” en 2009, aclararon los referentes. El decreto de De la Sota, que sería enviado a la Legislatura esta semana, fue presentado en el Centro Cívico ante la línea gerencial de los medios de comunicación que justamente se oponen a la implementación plena de la Ley de Medios.

“La verdadera violación a la libertad de expresión es la concentración de la propiedad de medios en oligopolios y monopolios que negándose a cumplir la ley atentan contra la diversidad y el pluralismo”, dice el documento firmado por Carlos Vicente (Afsca), Haidé Giri (Televisión Digital Abierta), los gremios de Comercio, Judiciales, Adiuc y Gráficos, Radio Nacional, Radio Sur, Cecopal, Jorge Navarro por los SRT, entre otras decenas de firmas.

La Ley de Medios, dice el texto, “establece un marco regulatorio absolutamente claro y contundente en cuanto a considerar a la comunicación como un derecho humano, la democratización de la comunicación, poner límites a los monopolios, el reconocimiento de nuevos y múltiples actores como sujetos capaces de ejercer el derecho a la comunicación, la federalización de los contenidos audiovisuales, y el fomento y desarrollo de la diversidad cultural a lo largo y a lo ancho de todo el país”, señala el texto.

Y agrega que el decreto de De la Sota “sólo tiene la intención de salvaguardar a aquellos grupos económicos que concentran la gran mayoría de la propiedad de los medios (como Grupo Clarín y Grupo Radiodifusora del Centro SA, en Córdoba)  y que han impedido históricamente que seamos cada vez más los que podamos expresarnos y ser escuchados en Córdoba”.

El pronunciamiento resalta que el Gobierno provincial obra “en sentido inverso a lo que dice defender a través de esta legislación”, y recuerda que De la Sota no ha nombrado al representante provincial en el Consejo Federal de Comunicación (Cofeca), suspendió el servicio de Televisión Digital Abierta en Córdoba y discrimina publicitariamente a medios que no le son adictos. “Y por si esto fuera poco, las fuerzas policiales de la Provincia agreden e intimidan a periodistas” que realizan su tareas.

Tras recordar que la libertad de expresión está amparada por la Constitución Nacional, los firmantes indicaron que “el mayor aporte que puede realizar el Ejecutivo provincial para afirmar la libertad de prensa es comprometerse a respetar y trabajar por el pleno cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que el derecho a la información y a la comunicación sea un derecho de todos, y no sólo de unos pocos”.

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