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20 de mayo de 2013

Reclamos por demoras en la puesta en marcha de la Policía Judicial

Fue creada para investigar los delitos más complejos y se iba a implementar primero en Mar del Plata pero ya se vencieron los plazos legales para que empiece a funcionar. La Suprema Corte debió haber designado a las autoridades pero ni siquiera llamó a los jurados para el concurso. Y en la Legislatura se olvidaron de crear las comisiones para acompañar la implementación.

(Gentileza de lacapitalmdp.com)

 

LA PLATA (Corresponsal).- El retraso para la implementación de la Policía Judicial generó reclamos que apuntan al Ejecutivo, a la Suprema Corte y a la Legislatura bonaerense. Hace más de diez días que los jueces del Alto Tribunal de la provincia debieron haber designado a las cinco autoridades jerárquicas del nuevo Cuerpo de Investigadores Judicial (CIJ), sin embargo desde el mismo Poder Judicial señalaron que el Gobierno bonaerense no envió fondos para poder poner en funcionamiento el nuevo cuerpo. En el Senado, el presidente de la comisión de Seguridad adelantó que va presentar hoy un proyecto de declaración para pedir que se creen los tres organismos que deben actuar previamente para constituir el CIJ.

Como informó LA CAPITAL el sábado 4, los tres poderes del Estado provincial hicieron casi nada para que el nuevo cuerpo de investigadores de delitos graves y complejos comience a trabajar. La ley 14.424 estableció que para antes del 8 de mayo debían estar nombrados un Director General, un Subdirector y tres Secretarios, que tendrán un año para diseñar un programa de gestión. Pero antes la Suprema Corte debe conformar un jurado que evalúe la idoneidad de los postulantes y los designe.

Lo legisladores provinciales y el Gobierno bonaerense también comparten responsabilidad. Tanto el vicegobernador Gabriel Mariotto como el presidente de la Cámara de Diputados Horacio González debieron conformar un Observatorio Parlamentario para realizar recomendaciones y colaborar en la selección del departamento judicial donde se va a realizar la prueba piloto. De ese ámbito sería propuesta Mar del Plata. También deben designar un legislador cada uno para la Junta Evaluadora de los recursos existentes que debe examinar qué recursos de la Policía bonaerense pueden afectarse a la CIJ. Y por último deben designar 3 diputados y 3 senadores para el jurado. Desde que se sancionó la ley, ni el presidente del Senado ni diputados, como Iván Budassi y Marcelo Saín que trabajaron fervorosamente en el proyecto, se preocuparon por la real puesta en marcha.

El CIJ, o Policía Judicial, fue creado especialmente para reemplazar a la Policía Bonaerense en investigaciones vinculadas a bandas que operan con desarmaderos ilegales, como los cuatro que allanó el Municipio en marzo de este año, o en casos donde los sospechosos de cometer el ilícito son miembros de la propia fuerza de seguridad, como en el asesinato de Alejandro Sosa.

Luego de las consultas realizadas por LA CAPITAL a raíz de incumplimiento legal, fuentes oficiales aseguraron que la Suprema Corte ya tiene pensados los nombres de los tres jurados que representarán a las organizaciones no gubernamentales y personalidades académicas con trayectoria en la materia. También, aseveraron, que ya saben a quienes propondrán en representación de la Procuración.

Cuando lo decida, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires deberá establecer un procedimiento que permita que esas personas designadas para elegir a los cinco jefes de la Policía Judicial puedan ser impugnadas por la sociedad.

Pero desde el Ministerio Público y el Alto Tribunal cargaron contra el Gobierno bonaerense porque desde que se aprobó la ley no giró ni un peso destinado a la creación del Cuerpo de Investigadores Judiciales.

Desde la Procuración solo indicaron que hay una "comisión conformada para abordar la temática" que "viene trabajando desde el año pasado para implementar la ley". La misma semana en la que tendrían que haber sido designadas las autoridades, los fiscales generales de distintas departamentales de la provincia habrían tenido con la procuradora general María del Carmen Falbo una de las primeras reuniones para abordar el tema.

En febrero, durante la presidencia de Eduardo de Lázzari, los jueces le pidieron a Falbo a través de una resolución que proponga una estructura organizativa y establezca las categorías que tendrían los integrantes del CIJ. En la misma normativa, los magistrados autorizaron a la presidencia, hoy a cargo del decano Héctor Negri, a designar asesores para trabajar junto con funcionarios de la Procuración General para después designar los jurados y establecer las bases de los cinco concursos. Pero el trabajo de esa comisión todavía no arrojó resultados.

Mientras tanto, en el Senado bonaerense el legislador Jorge D´Onofrio que permanece en el bloque oficialista y responde al intendente Sergio Massa aprovechó para criticar la gestión Ricardo Casal al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Sostuvo que "si fuera por el Ejecutivo van a esperar a que pase el año porque según me dijo Casal este año no hay plata para hacerla" a la Policía Judicial. "Si fuera cierto que no está la guita para implementarla hay que explicárselo a la sociedad", desafió al ministro.

En ese sentido el senador adelantó que el lunes va a presentar un proyecto de declaración, que espera que sea tratado el jueves, para pedir que se constituya el Observatorio Parlamentario y sean designados los integrantes del Junta Evaluadora de Recursos Existentes y del Jurado para elegir a las autoridades, los tres organismos previos para poner en marcha al nuevo cuerpo. "Incumple la Corte pero incumplimos nosotros también", reconoció D´Onofrio.

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