Miércoles 21 de Abril de 2021

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SALTA

30 de mayo de 2013

Piden que no se cobre el agua en barrios donde hay restricción

El defensor del Pueblo solicitó al Ente Regulador que exima de la tarifa a las zonas afectadas por la resolución 559. La empresa estatal puede escatimar el servicio entre las 8 y las 22. Urtubey justificó la medida.

El gobernador Juan Manuel Urtubey avaló ayer la autorización que el Ente otorgó a Aguas del Norte para restringir el servicio en 78 barrios hasta el 31 de diciembre. Como acostumbra, aprovechó para culpar al senador Juan Carlos Romero por los problemas que tiene la empresa que él creó en 2010.   El defensor del Pueblo, Alvaro Ulloa, solicitó al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), que no se cobre la tarifa de Aguas del Norte en los barrios afectados por la restricción del servicio, que rige de 8 a 22, hasta el 31 de diciembre.   En un escrito elevado ayer al Enresp, Ulloa recomendó que el cobro de las facturas se suspenda hasta que el servicio se preste de manera integral y que se precise el tiempo que durará la restricción a los vecinos.   Ante la falta de obras y una red de agua deficitaria, Aguas del Norte solicitó “limitar” el uso de agua en 78 barrios, la mayoría humildes, donde la presión es mínima o los cortes ocurren a diario. El Ente Regulador decidió aprobar el pedido de la empresa estatal.   El Marco Regulatorio de Agua Potable de la Provincia permite a Aguas del Norte escatimar el recurso desde las 8 y hasta las 22, entre el primero de julio y el 31 de diciembre de cada año para garantizar el consumo humano. Pero con la publicación de la Resolución 559, el período se adelantó y empezó a regir este martes.   Si bien es necesario tomar conciencia colectiva sobre el cuidado del agua, la norma del Ente se enfoca en barrios como San Silvestre, Divino Niño, Santa Rita, Palermo, Virgen del Rosario, Villa Primavera, Autódromo, Norte Grande, El Círculo, Sanidad, Solidaridad, Santa Cecilia y Primera Junta, entre otros.     “Sin llenar piletas”   En la resolución se sostiene que la situación del agua se agrava en esas barriadas por el uso inadecuado del agua potable, como el riego de veredas o jardines, el llenado de piscinas o el lavado de autos.   En los barrios, la noticia cayó como un balde de agua fría, ya que las características económicas no son propias del lujo de una pileta a esta altura del año, que debe ser climatizada para disfrutarla.   Se estima que la restricción abarca a más de la mitad de la población de la capital salteña: más de 300 mil habitantes. La mayor concentración urbana está en la zona sudeste y luego en el oeste, las incluidas en la restricción del servicio.   Para muchos vecinos, el día a día transcurre entre tachos, botellas y palanganas. Sin un servicio adecuado por parte de Aguas del Norte, recurren a juntar agua para abastecerse durante las “horas secas”. Otras familias improvisan tanques con viejos barriles y hasta con bañaderas.     Derecho humano   Al recomendar que no se cobre por un suministro limitado, Ulloa argumentó que “los servicios públicos tienen como principios la obligatoriedad, la continuidad y la universalidad. Esto se ve menoscabado a propósito de esta restricción”. También subrayó que el acceso al agua potable es un derecho humano.   “Los barrios afectados padecen frecuentes cortes y baja presión. Un sector importante de la población está sufriendo la falta de inversiones exigidas en su momento a la empresa o prometidas cuando pasó de ser Aguas de Salta a Aguas del Norte (2010), agregó el defensor.     López Viñals contra 3.500 usuarios    Denunciaban peligro para la población y el procurador de la Provincia pidió investigar a los denunciantes. Esta vez no se trata de una persona que se presenta ante la Justicia. Se trata de un amparo colectivo que lleva la preocupación de más 3.500 vecinos de Tartagal que se sumaron al reclamo judicial aportando su firma, respaldando a los cuatro concejales locales que llevaron el problema a los tribunales. Denuncian que la salud de la población puede estar en riesgo. Por eso el juez de la causa tomó medidas de inmediato y ordenó a la empresa Aguas del Norte a presentar informes en un plazo de tres días.   El jefe de los fiscales, el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals había pedido al magistrado, no que promueva medidas para asegurar la salud de la población, sino que revise la veracidad de las firmas.    “No surge de los antecedentes de autos, ni se han requerido nuevos elementos que permitan verificar hasta esta oportunidad que los ciudadanos postulantes carezcan de aptitud subjetiva o particular para entablar esta acción o que representen intereses espurios”, argumentó el jefe de fiscales. El juez Hugo Alberto Ruiz, de 1ª Instancia en lo Laboral, no pensó lo mismo.    “En primer término corresponde proveer la acción de amparo colectivo”, contestó y tras una explicación legal remató: “El interés que se pretende proteger pertenece a la comunidad de Tartagal en su conjunto... La sentencia que se dicte afectaría a todo ese colectivo, por lo que corresponde hacer saber de la existencia de la presente acción a la mayor cantidad de personas”. 

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